A más de dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el trabajo de evaluación estructural de edificaciones se convirtió en una de las primeras tareas para la fase de reconstrucción de las ciudades más afectadas. El punto de partida para cada proceso debe ser una solicitud realizada por las juntas de condominio, organizaciones del Poder Popular, responsables de comunidad y ciudadanos a través de la plataforma Venapp.
En la aplicación que se descarga en celulares inteligentes, se selecciona la opción correspondiente al evento “Terremoto 24-J” y se completan los datos del tipo de vivienda afectada y los daños. En seguida, el portal solicita el reporte que se desea realizar que puede ser personal, de un tercero o colectivo. Finalmente, se deben indicar datos de la persona, número de teléfono y dirección.
Esta información llega directamente a la base de datos de la sala situacional del Ministerio para Hábitat y Vivienda, donde un equipo multidisciplinario organiza las peticiones por orden de llegada y por criterios de prioridad. Paralelamente, el sistema Patria funciona como canal para realizar una encuesta preliminar que permite filtrar los casos más urgentes.
El ingeniero Víctor Medina, parte del equipo de evaluadores, explicó a Últimas Noticias que todas las solicitudes convergen en la sala situacional y desde allí se distribuyen a las cuadrillas técnicas de inspección que van hacia los diferentes espacios. “Se organiza todos los días para ir atendiendo esa solicitud”, afirmó. El experto agregó que la logística implica coordinar con los diferentes entes del Estado, alcaldías y voluntarios del Colegio de Ingenieros. Estas solicitudes se realizan de forma similar tanto para edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela como para los privados.
Guillermo Bonilla, especialista en Ingeniería Forense y Patología Estructural, aseguró que el proceso para la revisión abarca viviendas, escuelas, hospitales y otras estructuras necesarias para la comunidad y es gratuito.
Semáforo
Bonilla explicó que el sistema de clasificación por los colores del semáforo es una normativa de aplicación internacional utilizada en países con alta actividad sísmica como Japón, Chile y México, y que se adaptó al contexto venezolano después del doblete sísmico.
El especialista acotó que la adaptación en el país implica considerar las características particulares del parque edificatorio, donde conviven construcciones de diferentes décadas con diferentes normativas. También se tomó en cuenta la disponibilidad de materiales y mano de obra calificada para las reparaciones, así como la urgencia de dar respuestas rápidas a una población damnificada que ronda las 18.000 personas.
En ese sentido, precisó que “cuando vemos que las columnas y las vigas en sus nudos no presentan ninguna fisura, ninguna falla, ninguna grieta, se coloca la etiqueta verde”. Estos edificios no requieren ninguna intervención adicional y los vecinos pueden regresar a sus viviendas de manera inmediata.
Una calcomanía amarilla indica que los ingenieros detectaron grietas en paredes de mampostería o fisuras en elementos no estructurales y, en algunos casos, pequeños desplazamientos en losa que no comprometen la integridad de columnas o vigas pero que pueden representar un peligro para los habitantes. El ingeniero Medina detalló que para esos casos “recomendamos que venga un especialista en patología para que haga el chequeo del comportamiento estructural y de las recomendaciones para su posible reparación”.
La etiqueta roja es señal de que el edificio no es habitable y presenta un riesgo altísimo. Es decir, cuando las columnas y vigas están agrietadas o desplazadas, vigas con fisuras profundas, nudos colapsados y, en los casos más extremos, edificios inclinados o parcialmente derrumbados. “Cuando es rojo es porque ya han fallado estructuralmente las columnas y las vigas”, precisó Medina.
Bonilla enfatizó que la etiqueta roja es una alerta para la seguridad porque “el daño es muy fuerte”. Aunque no siempre significa demolición, estos edificios están tan perjudicados que la probabilidad de reconstrucción es muy baja. “No tiene sentido mantener edificios que están a punto de colapsar y cuya recuperación es tan costosa”, afirmó. Añadió que la mayoría de esos edificios etiquetados en rojo serán demolidos debido al alto riesgo que representan para la vida de las personas.
Hallazgos estructurales
Las inspecciones revelaron patrones que fueron más allá de los efectos directos del sismo. Bonilla señaló que uno de los hallazgos más frecuentes es la corrosión del acero debido a un proceso de carbonatación. “En muchos casos, el movimiento hizo que se despegara el acero corroído del concreto”, explicó.
La edad de las edificaciones también influyó en su comportamiento, porque los estándares de construcción se han modificado por los sismos del 67 y 97. Bonilla argumentó que en edificios de los años 50 y 60 etiquetados con amarillo se requiere mucho más trabajo de recuperación que los construidos en décadas posteriores, ya que las columnas son más pequeñas, el concreto es de menor calidad y los aceros están oxidados. “Las normas han ido cambiando. Un edificio de los años 50 necesita mucha más actividad técnica de recuperación que uno de los 90”, afirmó el especialista.
No obstante, Bonilla mencionó que las fallas ocurrieron en todo tipo de edificaciones, públicas y privadas, independientemente de su edad. “Las ondas de los terremotos actuaron mucho, por eso se vieron cómo los edificios se inclinaron hacia un lado”, señaló.
Guía
Bonilla reveló que una de las tareas posteriores a las inspecciones es la creación de manuales y guías para las reparaciones. “Vamos a plantear desarrollar manuales que estarían dirigidos a diferentes especialistas, albañiles y propietarios”, comentó.
La guía incluiría procedimientos técnicos detallados para la evaluación de daños, métodos de reparación de columnas y vigas y especificaciones sobre los materiales a utilizar. “Las evaluaciones arrojarán recomendaciones para la obra de recuperación”, dijo Bonilla. Según el experto eso implica que cada edificio amarillo recibirá un informe personalizado con las acciones concretas a seguir.
Para los albañiles y maestros de obra, la guía contendría instrucciones prácticas y accesibles sobre cómo ejecutar las reparaciones recomendadas por los especialistas. De acuerdo con Bonilla, se emplearía un lenguaje claro y directo, con ilustraciones y ejemplos, para garantizar que las reparaciones se realicen correctamente. Enfatizó que la recuperación definitiva requiere de la participación activa de los propietarios y comunidades.
Fases posteriores
Las evaluaciones de campo son el primer nivel de varias tareas. Bonilla especificó que a la par están las actividades urgentes como el retiro de escombros y la remoción de paredes que obstaculizan el acceso.
Una de las prioridades inmediatas es la reubicación de las familias afectadas en campamentos transitorios. “Luego vendrá una solución general de viviendas para el país”, aseveró Bonilla. Sostiene que, entre esas dos fases, hay un trabajo de ingeniería, planificación y reconstrucción que se anticipa como uno de los más complejos en la historia reciente del país. En paralelo, se requieren de los estudios de patología estructural para los edificios clasificados en amarillo, investigaciones geológicas y sísmicas para entender el comportamiento del terreno y una revisión de las normas de construcción.
El ingeniero planteó la necesidad de estudios urbanísticos más amplios. “Quizás ya no se pueda estar pensando en desarrollos urbanísticos, sino en espacios distintos. También cambios en las edificaciones, probablemente sobre la altura permitida, los espacios entre edificios”, agregó.
Equipos de evaluación
Cada brigada de inspección está conformada por un ingeniero civil estructural, que lidera la evaluación, acompañado de arquitectos, técnicos de apoyo y estudiantes de último semestre o recién graduados de Ingeniería Civil, Construcción, Arquitectura y afines.
Bonilla detalló que “cada grupo sale con un especialista de Ingeniería Civil Estructural. Además, en la sala situacional hay una persona experta recibiendo fotografías e imágenes para cuando llegara a haber dudas ser objetivos en la decisión”.
Al final de cada jornada, los equipos se reúnen en la sala situacional ubicada en el Ministerio de Hábitat y Vivienda para compartir experiencias, presentar dudas y analizar las decisiones tomadas. Bonilla destacó que este proceso es uno de los aspectos más valiosos del operativo.
La formación de los evaluadores comenzó el mismo día del terremoto. Según el ingeniero, al día siguiente del sismo ya se habían impartido cursos en la sede del ministerio situada en Las Mercedes, con la participación de ingenieros del Ministerio de Hábitat y Vivienda, Pdvsa, alcaldías, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y estudiantes de esas casas de estudio. “Las primeras evaluaciones se empezaron el día del terremoto a las nueve de la noche”, recordó.
A través de cursos y charlas se permitió que un número creciente de profesionales se sumara a las tareas de inspección. Destacó el valor de la experiencia acumulada en terreno, especialmente para los ingenieros más jóvenes. “Están aprendiendo, pero el hecho de reunirnos y poder exponer la situación y la decisión tomada por cada equipo es algo muy maravilloso”, afirmó.
Hasta la fecha se han efectuado más de 7.000 inspecciones en los siete estados afectados por el doblete sísmico. El ministro de Transporte y jefe de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, explicó que más de 1.200 edificaciones han sido revisadas en La Guaira de las cuales, alrededor de 67%, fueron etiquetadas con los colores amarillo y verde. Precisó que hasta el momento hay un equipo de casi 200 ingenieros que se despliega en el litoral todos los días.
Atención por municipios
Libertador. Para solicitar las inspecciones de los expertos, las personas deben comunicarse a través de la plataforma Venapp. Es necesario adjuntar fotografías claras de los daños (grietas, fallas estructurales) y confirmar la ubicación exacta mediante el GPS o mapa de la aplicación. Quienes lo deseen, también pueden hacer la petición por medio de la sala situacional, la cual tiene habilitada la línea telefónica 0800-Caracas (227-2227).
Chacao. Las autoridades locales habilitaron el portal web soychacao.gob.ve. A través del módulo digital Chacao Solidario, los residentes pueden solicitar la inspección técnica de sus inmuebles, reportar daños o verificar si los ascensores de su comunidad ya fueron revisados. El mapa digital de riesgos de la plataforma se actualiza cada 30 minutos, a medida que el personal de la alcaldía carga la información de las inspecciones, explicó el alcalde Gustavo Duque.
Sucre. La Alcaldía del municipio Sucre activó un equipo técnico para evaluar los daños de las infraestructuras y su estabilidad. Los vecinos deben realizar la solicitud a través del Whatsapp 0426-5726611 y 0414-9143892.
Baruta. Más de 500 inspecciones han realizado en Baruta. La alcaldía habilitó el Whatsapp 0412-3362122 para canalizar el despliegue en las viviendas del municipio mirandino.
El Hatillo. Los vecinos de El Hatillo deben solicitar las inspecciones a través de la Central de Emergencias 0212-3117654. Un equipo multidisciplinario efectúa las inspecciones técnicas preventivas en las viviendas que tienen daños.