La UE acuerda implantar ‘el modelo Meloni’ de expulsión de inmigrantes

Lo aprobado este lunes en el Consejo de ministros aún debe ser ratificado por el Parlamento europeo, pero se considera que la norma pasará sin ninguna dificultad en el próximo pleno. Los ministros tenían que poner en marcha los detalles concretos del nuevo pacto migratorio aprobado hace ocho meses y que otorgarán a los gobiernos nacionales la facultad de expulsar a personas que no tienen derecho a vivir ni trabajar en el bloque, establecer centros de tramitación de asilo en el extranjero y crear centros de expulsión fuera de sus fronteras.

España es el único país que se ha opuesto abiertamente, o al menos eso es lo que ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska a la entrada de la reunión. Según el ministro, «para nosotros se trata de una cuestión de valores», lo que incluye la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Los expertos comunitarios calculan que este reglamento permitirá mejorar la tasa de repatriaciones de migrantes irregulares, en concreto de aquellos que se considera que representan un riesgo para la seguridad. Ahora la UE en su conjunto apenas logra repatriar de forma efectiva al 20% de las personas que ha decidido expulsar de su territorio. La gran mayoría se queda a pesar de todo, debido a la falta de mecanismos.

Por eso mismo, la norma aprobada este lunes permitirá devolver legalmente a un país tercero (distinto al suyo) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han sido objeto de una decisión administrativa para que abandonen el territorio europeo, aunque para ello se necesitará que exista un convenio con ese país, ya sea bilateral o de toda la UE, de modo que los distintos gobiernos europeos pueden utilizar para hacer más eficaces sus políticas de control de migración.

Otro de los puntos del reglamento aprobado incluye la reducción de la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo así como las compensaciones económicas que tienen que pagar los países que no deseen aceptar los inmigrantes que le corresponde para ayudar a los países más saturados.

Orbán, contra el fondo común de solidaridad

En este caso, el disidente ha sido el húngaro Viktor Orbán que desde Budapest ha enviado un mensaje claro: a pesar de que se ha rebajado el coste que tendrían que asumir los gobiernos que no acepten acoger inmigrantes de otros países más sobrecargados, la decisión de los ministros del Interior para establecer ese «fondo común de solidaridad» y que es uno de los elementos principales del Pacto de Migración y Asilo «no es aceptable». «Bruselas –ha dicho Orbán– intenta obligar a Hungría a pagar aún más o a acoger a migrantes», pero «no acogeremos a ningún migrante y no pagaremos por que lo hagan otros», dijo anunciando que «comienza la rebelión».

La decisión se ha tomado en medio de un creciente malestar público ante ciertos efectos sociales negativos de la creciente inmigración y teóricamente tiene como objetivo tratar de paliar el aumento de los apoyos a los partidos de la extrema derecha que son los únicos que se refieren a este asunto como uno de los problemas más graves de la Europa actual.

El comisario de Migración, Magnus Brunner, ha dicho que «todas estas medidas ayudarán a procesar las solicitudes de forma más eficaz y a reducir la presión sobre los sistemas de asilo. Y todas transmiten el mismo mensaje: Europa no tolerará ningún abuso de sus sistemas».

Lista de países seguros

Los ministros también han elaborado una nueva lista de «países seguros», que se utilizará para rechazar sistemáticamente las solicitudes de asilo de aquellos llegados desde esos países, salvo que existan circunstancias atenuantes.

Esa lista incluye, además de a todos los países que han sido reconocidos como candidatos al ingreso en la UE, a Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo. La norma que representa un cambio más importante en la trayectoria política europea es la que ahora permitirá establecer centros de tramitación de asilo en países de fuera de la UE, así como «centros de retorno» desde donde se podrá expulsar a las personas cuyas solicitudes sean denegadas, en la línea de los que intentó hacer Italia con Albania y que fue contestado por la Justicia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha representado a España en este Consejo, se ha opuesto a este acuerdo y ha pedido a los demás gobiernos «no desviarse» del acuerdo alcanzado en diciembre de 2023, para responder a las necesidades de solidaridad de los Estados miembros bajo presión migratoria.

Según Marlaska, la decisión de designar países seguros «rompe la integridad del pacto migratorio» y por ello reclamaba a cambio la implantación de un sistema europeo común en materia de retorno.

Los cambios han sido impulsados ​​por el Gobierno socialista de Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria semestral del Consejo de la UE y que ya ha establecido una estrategia firme contra la migración irregular. Rasmus Stoklund, el ministro danés, sostiene que el sistema de acogida actual «crea estructuras de incentivos poco saludables y un fuerte factor de atracción, difíciles de eliminar».