El gobierno electo de Panamá expresó este jueves a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas que carece de los recursos para manejar el elevado flujo de migrantes irregulares que llegan al país a través de la selva del Darién, su frontera con Colombia, ante lo cual impulsará medidas como la repatriación.

«No tenemos los recursos para manejar esta cantidad de migrantes ilegales y se lo hicimos saber a la OIM, lo entiende y estamos muy contentos de poder trabajar juntos para reducir» este flujo durante el gobierno del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, dijo a los periodistas el ministro designado de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

De acuerdo con los datos del gobierno saliente del presidente Laurentino Cortizo, en los últimos años la crisis migratoria ha costado alrededor de 70 millones de dólares al país centroamericano, que recibe a los viajeros en unas estaciones en las que les ofrece alimentación, servicios de salud y toma sus datos biométricos.

Martínez-Acha y otros ministros designados por Mulino se reunieron este jueves en la capital panameña con la directora general de la OIM, Amy Pope, para hablar de la crisis migratoria, en el marco de la cual llegaron a Panamá en 2023 más de 520.000 personas en tránsito hacia Norteamérica, una cifra sin comparación.

Pero la magnitud del flujo migratorio, con ya casi 160.000 personas que han cruzado la peligrosa selva fronteriza en lo que va del año, hace temer que este 2024 puedan llegar a los 800.000 los viajeros irregulares en tránsito que lleguen a Panamá, como alertó Unicef.