La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este domingo que más de 80 presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones críticas de salud sin recibir la atención médica adecuada por parte del Estado.
A través de la red social X, JEP señaló que “pese a las múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad”.
Uno de los casos más preocupantes es el de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde febrero de 2024, y cuya fractura ósea, según la organización, no ha sido atendida desde hace más de siete meses. “Esto refleja el deterioro progresivo de la salud de personas detenidas por razones políticas”, advirtió la ONG.
JEP calificó la situación como una “grave violación a los derechos humanos”, destacando que San Miguel no ha recibido atención médica especializada, lo cual “pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles”.
El caso de San Miguel también ha sido marcado por la suspensión de sus audiencias judiciales. La prevista para el 31 de marzo fue diferida por cuarta vez, ahora para el 26 de mayo, debido a la “falta de traslado” al tribunal, según informó a EFE Martha Tineo, coordinadora general de JEP.
Por su parte, familiares de presos políticos han protagonizado en los últimos meses diversas protestas para exigir liberaciones, revisión de causas judiciales y atención médica oportuna.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, actualmente hay 890 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, entre ellas cinco adolescentes.
Fuente: EFE