La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL) informó que más de 600 reclusos fueron trasladados al Centro para Procesados “26 de Julio”, ubicado en la capital del estado Guárico, San Juan de los Morros, entre octubre y la primera semana de noviembre de este año. Los detenidos provienen de distintos Centros de Detención Preventiva (CDP) del país, incluyendo al menos 50 procedentes de sedes de la Policía del estado Guárico (Poliguárico), según datos obtenidos de fuentes extraoficiales consultadas por la ONG.
La ONG, que ha mantenido un seguimiento constante de la situación carcelaria en Venezuela, sostiene que esta movilización masiva busca aliviar la crítica sobrepoblación en los CDP, una medida que las autoridades han implementado para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones en los centros de detención temporal. Los CDP del país, utilizados principalmente para la reclusión temporal de individuos en espera de juicio o traslado a una cárcel formal, han sido objeto de denuncias reiteradas debido a las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos adecuados para el bienestar de los internos.
Por otro lado, algunos familiares de los reclusos manifestaron haber encontrado listados con nombres de los privados de libertad que ingresaron recientemente al penal “26 de Julio”. Estos listados, según señalaron, fueron publicados en la entrada del centro penitenciario, permitiendo a las familias corroborar el paradero de sus seres queridos.
El traslado masivo de detenidos a esta cárcel en Guárico forma parte de una estrategia que el sistema penitenciario ha implementado en los últimos meses para reorganizar la población reclusa, una decisión que UVL considera “necesaria” debido a la saturación de los CDP. Sin embargo, la ONG ha enfatizado que es fundamental garantizar que estas medidas se acompañen de mejoras en las condiciones de detención y en la infraestructura de los centros penitenciarios del país.
La situación de los centros penitenciarios en Venezuela, incluyendo los Centros de Detención Preventiva, ha sido objeto de múltiples denuncias tanto de organizaciones de derechos humanos nacionales como internacionales, que han llamado la atención sobre las dificultades que enfrentan los internos en estos espacios. UVL ha reiterado la necesidad de que el Estado venezolano aborde de forma estructural los problemas del sistema penitenciario, con miras a asegurar condiciones dignas para todos los privados de libertad en el país.