La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes recibió una mala noticia: su novio, Alberto González Amador, será finalmente enjuiciado por evasión fiscal. Irá a juicio oral porque se lo acusa de haber evitado pagar, a través de facturas falsas que habrían camuflado sus verdaderos ingresos, unos 350 mil euros de impuestos.
Este lunes, la jueza Carmen Rodríguez Medel dictó la resolución judicial que marca el inicio del juicio oral a González Amador en un proceso penal ante la posibilidad de que la pareja de la presidenta regional madrileña haya cometido cuatro delitos: fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, pero también por delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
Estos dos últimos presuntos delitos no figuran en la acusación de la Fiscalía ni en la de la Abogacía del Estado, sino que fueron solicitados por el PSOE y Más Madrid -partido regional opositor al PP madrileño que preside Díaz Ayuso-, que se presentaron como acusación popular en la causa.
Por haber pagado menos impuestos de los que le correspondía en sus declaraciones impositivas de los años 2020 y 2021, la Fiscalía había pedido tres años y nueve meses de cárcel para González Amador y el pago de multas por más de un millón de euros. EL PSOE pide cinco años de prisión para el novio de la presidenta madrileña.
El juicio oral también involucraría a cuatro empresarios, supuestos testaferros de González Amador, quien, sin embargo, aún estaría tiempo de que el juicio no se concrete si la Audiencia Provincial de Madrid considera el recurso de apelación que presentó el 1 de septiembre.
Isabel y Alberto
La presidenta regional madrileña, que en octubre cumplirá 47, y el empresario, dos años mayor que ella, se conocieron a finales del 2020 por medio del hermano de Díaz Ayuso. Pero las primeras apariciones públicas juntos fueron recién en mayo del año siguiente.
González Amador está divorciado y es papá de tres hijos. En julio de 2023, cuando ya estaban juntos y antes de que se lo investigara por evasión, Isabel Díaz Ayuso perdió un embarazo.
“Creo que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo”, dijo Díaz Ayuso cuando la investigación a su pareja recién comenzaba.
Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso. Foto AFP
Este lunes no hizo declaraciones sobre el tema.
Sí lo hizo su jefe de gabinete, Miguel Angel Rodríguez: “Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, posteó Rodríguez en sus redes sociales aludiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez y a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Años de investigación
La pareja de Díaz Ayuso, que durante la pandemia se dedicó a conseguir material sanitario por el cual cobraba una comisión, comenzó a estar en la mira de Agencia Tributaria en 2022 cuando Hacienda hizo foco en los movimientos de sus empresas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente.
La Agencia Tributaria habría detectado posibles “gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.
“Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”, según figura en la denuncia de la Fiscalía.
Reconocer su culpa
En junio del año pasado, la defensa de González Amador y la Fiscalía habían negociado, como suele hacerse en casos de delitos fiscales si no existen antecedentes penales, que el novio de la presidenta madrileña no se sentaría en el banquillo a cambio de reconocer su culpa, aceptar ocho meses de calabozo -que raramente se materializarían- y pagar una multa.
La cifra acordada superaba el medio millón de euros: incluía el 40 por ciento de lo defraudado más el dinero que evitó pagar en su momento y los intereses.
Pero el pacto no logró concretarse porque el PSOE y Más Madrid solicitaron que González Amador fuera investigado, además, por sus vínculos con el grupo sanitario Quirón y la presunta compra de una empresa que no facturaba a la esposa de un directivo de esa firma como pantalla y devolución de favores.
El caso que provocó el juicio al fiscal general del Estado
Pero antes del acuerdo que no fue, apenas la investigación fiscal a Alberto González Amador dejó de ser un secreto, su abogado envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo pactar no avanzar con el proceso judicial a cambio de reconocer los delitos que se le adjudicaban.
Algunos medios españoles publicaron que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de la presidente madrileña.
La Fiscalía de Madrid difundió entonces un comunicado con aclaraciones: “El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de González Amador”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), junto a la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escolano (i), durante el acto de inicio del curso político del PP de Madrid. Foto EFE
La filtración de esa información desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, que está procesado por presunta revelación de secretos.
García Ortiz se convirtió en el primer fiscal del Estado imputado por el Tribunal Supremo en la historia democrática de España.
El novio de Díaz Ayuso pidió que se lo envíe a juicio por revelar sus secretos. Solicitó, además, que García Ortiz sea condenado a cuatro años de prisión e inhabilitado.
En la madrileña Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos donde funciona la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, este lunes había preocupación.
