Guerra entre Minnesota y la Administración Trump por la investigación de la muerte de Alex Pretti

En cuanto ocurrió la tragedia, los agentes federales impidieron a los investigadores estatales de Minnesota hacer labores investigativas y recoger pruebas en la escena del fallecimiento. Esa decisión ahonda la desconfianza de muchos en Mineápolis por una investigación objetiva y que trate de dilucidar si la actuación de los agentes se ajustó a la ley.

Desde el momento de la muerte de Pretti, el Gobierno de Donald Trump –desde los líderes de las fuerzas federales destacados en Mineápolis hasta el propio presidente– ha buscado imponer la narrativa de que los agentes actuaron en defensa propia ante un hombre que iba armado y que buscaba infligir el «máximo daño posible» y «masacrar» a los policías. Los vídeos de los testigos cuestionan ese relato: Pretti –que tenía licencia para portar armas y es legal hacerlo en público– nunca echó la mano a su pistola, estaba reducido por los agentes y uno de ellos ya le había desarmado antes de que le dispararan por primera vez.

El fiscal general de Minnesota, el demócrata Keith Ellison, aseguró este domingo en un comunicado que a Pretti le mataron «a plena luz del día, delante de todos nuestros ojos».

«Tanto el imperio de la ley como el sentido de la justicia exigen una investigación completa, justa y transparente de esta muerte», añadió.

El primer paso para ello fue la decisión de un juez federal, comunicada a última hora de la noche del sábado, que exige a las agencias federales que conserven todas las pruebas obtenidas en el escenario de la muerte. Fue como consecuencia de una demanda impuesta tanto por el condado de Hennepin, al que pertenece Mineápolis, como por el estado de Minnesota.

Desde la Administración Trump, este domingo se seguían dando señales de qué posición tienen sobre lo ocurrido. Kash Patel, el director del FBI, la principal fuerza de seguridad en investigación de delitos federales, aseguró que los agentes federales en Mineápolis «son las verdaderas víctimas» y dijo de Pretti que «en este país no se ataca a agentes de policía sin que haya repercusiones» (en los vídeos, Pretti no atacó a los agentes, sino que les grabó con su teléfono y se interpuso en una operativa contra otros vecinos).

Dudas sobre la versión federal

Después de una noche de vigilias y protestas en la avenida Nicollet, entre las calles 26 y 27, donde Pretti perdió la vida, los investigadores estatales acudieron a recabar testimonios de testigos del incidente. Entre ellos se personó el jefe de la policía local, Brian O’Hara. En una entrevista con CBS, defendió que los vídeos «crean serias dudas» sobre la versión de las autoridades federales. Y que Pretti parecía «ejercer sus derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión) para grabar la actividad de fuerzas de seguridad y ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda para estar armado legalmente en un espacio público».

La dinámica tras la muerte de Pretti es similar a lo ocurrido en la anterior tragedia vivida en Mineápolis, la muerte de otra vecina, Renee Nicole Good, también por disparos de la policía. Los vídeos de aquel altercado también cuestionan la narrativa de la Administración Trump y desataron la tensión en la ciudad. La fiscalía federal decidió apartar al cuerpo investigador de Minnesota -el equivalente estatal al FBI- de la investigación, lo que provocó críticas por las sospechas de buscar condicionar su resultado.