Europa avanza hacia las plataformas de los amigos de Donald Trump: multa a X e investiga a Google por usar contenidos de los medios sin pagar

A los dirigentes europeos les cuesta responder en voz alta los ataques políticos de Donald Trump, pero a la maquinaria regulatoria de la Comisión Europea no parece costar nada seguir adelante haciendo que se respete su normativa. Aunque para ello tenga que cargar contra los amigos multimillonarios del presidente estadounidense.

El viernes pasado le tocó a X, la plataforma antes llamada Twitter y que es propiedad de Elon Musk, muy cercano a Trump. Usando por primera vez el reglamento de servicios digitales (DSA, en sus siglas en inglés), aprobado el año pasado, la Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a X por incumplir con sus obligaciones de transparencia en anuncios publicitarios, por cerrar el acceso de datos para investigadores y por el diseño de su versión de pago.

La sanción equivale al 5% de los ingresos mundiales de X del año pasado. Parece menor en comparación con anteriores multas de la Comisión Europea a otras grandes plataformas tecnológicas, pero en proporción a sus ingresos es mayor.

Unos días antes del anuncio el Gobierno estadounidense había dicho en público que si Europa quería mejoras comerciales debía olvidarse de usar esa normativa. Bruselas no escuchó y siguió adelante en una decisión que es totalmente competencia del ejecutivo comunitario y en la que no tienen nada que ver los gobiernos nacionales.

El sistema de X para las cuentas de pago hace que cualquiera que pague tenga una marca azul de verificación, sea una persona real o no. Los técnicos de la Comisión Europea creen que lleva a engaño porque hace pensar que esas cuentas son verificadas cuando muchas no lo son. Y que X juega a la confusión no diferenciando las verificadas de las que simplemente pagaron por la marca azul sin saberse quién está detrás.

Desde que la Comisión Europea anunció esa multa varios altos funcionarios estadounidenses cargaron de forma inédita. El secretario de Estado Marco Rubio llegó a escribir en X que era “un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en internet”. La sanción no tenía nada que ver con censura.

Mientras durante el fin de semana los ataques de otros funcionarios estadounidenses y del propio Elon Musk, propietario de X, arreciaban, Bruselas mantuvo silencio en cuanto a la decisión de la multa y los portavoces referenciaban a la nota de prensa.

Este martes llegó el segundo golpe, que muestra que a la Comisión Europea, al menos por ahora, no le tiembla el pulso.

Los servicios de Competencia del brazo ejecutivo de la Unión Europea anunciaron a primera hora que abrían un expediente de investigación a Google (propiedad de Alphabet) por utilizar sin permiso contenido de medios de comunicación para entrenar a sus herramientas de inteligencia artificial.

El comunicado de prensa dice que “la investigación determinará, en particular, si Google está distorsionando la competencia al imponer condiciones injustas a los editores y creadores de contenido, o al concederse a sí misma un acceso privilegiado a dichos contenidos, lo que coloca en desventaja a los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial rivales”.

La comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, explicó que los editores de medios habían expresado su preocupación por cómo Google usa sus contenidos para entrenar a su inteligencia artificial.

Otros desarrolladores de inteligencia artificial están firmando acuerdos con medios de comunicación para tener acceso a su contenido. Y pagan por ello. Google lo obtiene gratis. Los medios podrían cerrarle la puerta, pero perderían la visibilidad que les dan las búsquedas de Google, una fuente de negocio para los diarios digitales. Lo que Bruselas asegura es que Google usa gratis lo que otros desarrolladores de inteligencia artificial tienen que pagar. Y eso es anticompetitivo y por lo tanto contrario a la normativa europea.