Un juez federal de New Hampshire aceptó este jueves una acción colectiva para proteger a todos los niños cuya ciudadanía estadounidense quedaría en riesgo de ser eliminada si un polémico decreto del presidente Donald Trump sobre el derecho de nacimiento entra en vigor. Implantó así un nuevo bloqueo nacional a los esfuerzos del presidente por poner fin a la ciudadanía por nacimiento, dos semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos abriera un camino para que el gobierno comience a hacer cumplir la orden.
Durante una audiencia judicial, el juez federal de distrito Joseph Laplante, que fue designado por el ex presidente republicano George W. Bush, dijo que emitiría la orden judicial temporal después de aceptar una solicitud de grupos de derechos civiles para certificar una demanda colectiva contra el gobierno en nombre de los hijos nacidos en Estados Unidos o futuros hijos cuya ciudadanía automática podría verse comprometida por la orden ejecutiva del presidente.
“La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de política que venía de larga data… Eso es un daño irreparable”, dijo Laplante durante la audiencia. La ciudadanía estadounidense, agregó el juez, “es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
El fallo de Laplante podría resultar un hito contra la política de Trump, ya que otros tribunales se apuran estos días a revisar sus decisiones a la luz del fallo de la Corte Suprema.
Laplante, quien dijo a los abogados que emitiría una orden por escrito después de la audiencia, indicó que suspendería su decisión durante siete días, dijo Cody Wofsy, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que buscó la certificación de la demanda colectiva. Eso podría darle tiempo a la administración Trump para presentar una apelación.
La ACLU presentó la demanda el 27 de junio después de que la Corte Suprema respaldara la solicitud de Trump de reducir las órdenes judiciales a nivel nacional de los tribunales inferiores. Durante meses, esas órdenes habían bloqueado la prohibición del gobierno sobre la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros.
El alto tribunal, en una decisión de 6-3, no se pronunció sobre si la orden de Trump es constitucionalmente válida. Los jueces mantuvieron en suspenso la prohibición de Trump durante al menos 30 días y enviaron una serie de casos a los tribunales inferiores para determinar las implicaciones prácticas de su fallo.
Dejaron abierto un camino para que los impugnadores intenten continuar bloqueando la política del presidente en todo el país a través de demandas colectivas, pero también plantearon la posibilidad de que la ciudadanía por nacimiento pueda ser cortada en los 28 estados que no se han unido a las demandas en su contra.
“Esta es una gran victoria para las comunidades de inmigrantes y estos bebés en todo el país”, dijo Wofsy. “La Corte Suprema dejó una brecha potencial en la protección, y esta decisión cierra esa brecha y deja en claro que esta orden (de Trump) no se puede aplicar a nadie en todo el país“.
En febrero, Laplante bloqueó indefinidamente a la administración Trump para que no aplicara la orden solo contra miembros de varios grupos sin fines de lucro que se habrían visto afectados por ella.
“Soy el juez que no se sintió cómodo con emitir una orden judicial a nivel nacional. La demanda colectiva es diferente”, dijo el juez en un momento durante la audiencia del jueves. “La Corte Suprema sugirió que la demanda colectiva es una mejor opción“.
En su fallo a principios de este año, Laplante dijo que la orden de Trump “contradice el texto de la Decimocuarta Enmienda y el precedente intacto de un siglo de antigüedad que la interpreta”.
Varios otros jueces dictaminaron de manera similar que la orden de Trump era inconstitucional, pero sus medidas cautelares se aplicaron en todo el país y llevaron a la administración a montar la serie de apelaciones que finalmente llegaron ante la Corte Suprema.