La organización académica y gremial sostiene que la crisis actual es el resultado directo del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que ha derivado en un gobierno carente de legitimidad de origen y de ejercicio.
Esta situación escaló el pasado 3 de enero de 2026, tras la extracción de Nicolás Maduro Moros para ser presentado ante la justicia de los Estados Unidos de América y la posterior designación irregular de Delcy Rodríguez Gómez como encargada de la presidencia.
Los juristas denuncian que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha actuado de forma arbitraria al calificar la falta del mandatario como una “ausencia forzosa”. Según el Bloque, este término es constitucionalmente inexistente y tiene el propósito espurio de eludir la convocatoria a elecciones presidenciales inmediatas, tal como lo ordena el artículo 234 de la Constitución de 1999.
Asimismo, el documento expresa preocupación ante los señalamientos de funcionarios extranjeros que pretenden dirigir el destino del país a través de una hoja de ruta de estabilización y transición que omite mencionar la soberanía popular y los mecanismos constitucionales de sucesión.
En materia económica, el Bloque Constitucional reconoce que el reimpulso de la industria petrolera es una tarea urgente y necesaria, pero critica las metodologías empleadas hasta el momento. Señalan que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos carece de consultas públicas efectivas y no garantiza que la explotación de recursos se realice en favor del interés nacional. Por ello, exigen que los ingresos derivados de la actividad petrolera se administren bajo estrictos parámetros éticos, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Llamado del Bloque Constitucional de Venezuela
Finalmente, la organización hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que cualquier proceso de transición incluya la reinstitucionalización de los sistemas de justicia, electoral, salud y educación, entre otros. Recordaron que, bajo el artículo 333 constitucional, todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar para restablecer la efectiva vigencia del orden constitucional.
El pronunciamiento está respaldado por la Coordinación Nacional dirigida por Cecilia Sosa Gómez, Rubén Pérez Silva, Blanca Rosa Mármol de León, Pedro Rondón Haaz y René Molina Galicia, junto a una amplia lista de académicos y presidentes de los Colegios de Abogados de todo el país.
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