La historia de Kilmar Abrego García es de pesadilla y cada día suma un capítulo de drama: este salvadoreño que el gobierno de Donald Trump deportó ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador de Nayib Bukele y fue regresado a Estados Unidos por presión judicial y de organismos de derechos humanos, fue arrestado nuevamente este lunes por las autoridades estadounidenses que piensan deportarlo ahora a la remota Uganda.
El caso de Abrego García se ha convertido en un caso testigo de la guerra del presidente Trump contra la inmigración y el calvario que muchos inmigrantes en este país están sufriendo en medio de esta política de “mano dura” que mantiene a millones de personas con miedo a salir a las calles, de ser arrestado o deportado, muchas veces de forma ilegal.
Antes de ingresar a esa oficina, el salvadoreño dijo a la gente que había llegado al lugar para apoyarlo: “Pase lo que pase hoy (…) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad”.
“El caso de Abrego García simboliza claramente las políticas migratorias de Trump”, dijo a Clarín Nancy Mirabal, directora del Programa de Estudios sobre Personas Latinas en Estados Unidos de la Universidad de Maryland. “Su propio gobierno ha admitido que cometió un error al deportarlo, por lo que tuvieron que buscar otra razón, como la acusación de trata de personas, para justificar su deportación. No pudieron admitir que cometieron un error y que Abrego García tiene derecho a estar en Estados Unidos. Estas acusaciones son falsas y, lamentablemente, él está siendo puesto como ejemplo y se le está obligando a pagar. Es un caso muy impopular para Trump y será contraproducente para el gobierno”.
Para Veronica Tobar Thronson, profesora de derecho experta en Migración de Michigan State University, “el caso de Abrego García ha sido una vergüenza para la administración de Trump desde que lo deportaron por error a El Salvador”, dijo a Clarín.
Jennifer Vásquez Sura (izquierda) y su esposo Kilmar Ábrego García asisten a una manifestación en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Foto AP
Ábrego García fue detenido este lunes en Baltimore, Maryland, cuando llegó a una cita con las autoridades migratorias y, luego de que rechazara ser deportado a Costa Rica, ahora corre el riesgo de ser trasladado sin embargo a Uganda, un país de cultura diferente y donde no se habla español. Esta nación africana firmó recientemente un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes que Trump expulsa de territorio estadounidense, a cambio de algunos beneficios.
Una pesadilla tras otra
La historia de Abrego García es de novela. Nacido en San Salvador, huyó de su país a Estados Unidos en 2011 al ser perseguido por pandillas que habían amenazado a él y su familia. Su primer arresto fue en marzo de 2019, cuando estaba con otros tres hombres en el estacionamiento de un lugar de compra de materiales, junto con otros tres hombres en Maryland, donde es usual que los jornaleros busquen trabajo. Aparentemente uno de los hombres fue identificado como presunto miembro de la pandilla MS13.
Abrego fue detenido y entregado al ICE (las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y control de Aduanas), que alegó que el salvadoreño pertenecía a esa organización por la ropa que vestía (una gorra de los Chicago Bulls y una remera con dibujos de dinero) y supuestas declaraciones de un informante confidencial. Los indicios fueron criticados como endebles porque la remera se la había regalado la esposa y los expertos en pandillas señalaron que los tatuajes de Abrego (una hoja de marihuana, una calavera y una cara sonriente) no eran típicos de la MS13.
Abrego siguió detenido, aunque no había sido acusado formalmente por ningún delito. Sus abogados presentaron un amparo para que no fuera deportado a El Salvador porque corría riesgo su vida. Ese estatus legal le permitió vivir y trabajar en Maryland bajo supervisión y controles regulares de la agencia migratoria.
Ya en el gobierno de Trump y pese a contar con esa protección judicial, fue arrestado y el 18 de marzo de 2025 ICE lo subió a un avión y lo deportó a El Salvador, que firmó un acuerdo con Trump para recibir deportados y encerrarlos en sus cárceles de máxima seguridad. Apenas aterrizó, fue detenido por las autoridades salvadoreñas bajo cargos de tráfico ilícito de personas y de pertenecer a la MS-13.
Kilmar Abrego García asiste a una manifestación de apoyo en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore. Foto AP
Un juez salvadoreño mantuvo su detención preventiva mientras investigaban, lo que generó reclamos diplomáticos y protestas de su familia en Maryland. Finalmente, en junio, tras presiones de su defensa y organizaciones de derechos humanos, Ábrego fue regresado a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que había sido removido indebidamente a pesar de su estatus legal vigente.
De vuelta en suelo estadounidense, quedó bajo custodia federal. La fiscalía migratoria intentó usar el tiempo que pasó en El Salvador para reforzar la narrativa de que era pandillero, pero jueces y abogados cuestionaron la validez de esas pruebas.
En julio y agosto, funcionarios de ICE le ofrecieron un acuerdo: aceptar ser deportado voluntariamente a Costa Rica a cambio de firmar una admisión de culpabilidad. Ábrego rechazó la propuesta, convencido de que ceder equivaldría a reconocer falsamente un delito.
En paralelo, ICE comenzó a hablar de un plan alternativo: enviarlo a Uganda como “tercer país seguro”. Su defensa denunció que se trataba de un experimento político del gobierno Trump para sentar precedentes en su política migratoria, usando a Ábrego como “caso testigo”.
El viernes el detenido tuvo una buena noticia porque un juez ordenó su liberación de una cárcel en Tennessee. Pero la alegría duró apenas un fin de semana. Este lunes, el ICE le notificó que debía presentarse en sus oficinas en Baltimore, advirtiendo que la deportación a Uganda estaba en preparación.
Organizaciones comunitarias y religiosas de Maryland realizaron vigilias en su apoyo, denunciando que el DHS lo usaba como “trofeo político”. Pero la presión no sirvió porque finalmente Abrego fue arrestado.
La Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, confirmó luego el arresto de Abrego y señaló que se “inició un procedimiento de expulsión en su contra”. Y que Trump “no va permitir que este extranjero ilegal, que es un miembro de la pandilla M13, traficante de personas, abusador doméstico serial y depredador de menores nunca más aterrorice a ciudadanos estadounidenses”, mencionando cargos que nunca han sido probados.
El sábado, los abogados de Ábrego García afirmaron que el gobierno estadounidense pretende deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados, algo que ellos consideran una venganza para castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.
Para la experta Mirabal, es posible una extradición a Uganda. “Desafortunadamente, sí. Es una política terrible, pero ya hemos visto ejemplos de la administración Trump deportando migrantes, por ejemplo, a Ruanda, que ha acordado recibir a 250 migrantes a partir de agosto de 2025, así como a Uganda. Todos estos acuerdos se realizan con dinero de los contribuyentes y son ilegales, ya que a la mayoría de los inmigrantes no se les brinda el debido proceso”, señaló.
Sobre su posible deportación a Uganda, la experta Tobar Thronson señaló que es legal: “En junio, la Corte Suprema de justicia decretó que sí se pueden enviar a otros países (terceros países). Esta decisión es problemática porque les niega a las personas sus derechos constitucionales bajo la ley y no toma en cuenta que los inmigrantes podrían ser perseguidos o torturados en esos países”, dijo.
“Esta táctica de esta administración ha incrementado el miedo en nuestras comunidades, principalmente entre las personas detenidas o quienes están siendo deportadas y tienen miedo de regresar a sus países de origen”, agregó.
