La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para los planes del presidente Donald Trump de ejecutar miles de despidos en el gobierno federal, a pesar de las advertencias de que se perderán servicios críticos.
La jueza de distrito Susan Illston había suspendido temporalmente los despidos alegando que probablemente necesitaban la aprobación del Congreso. Esa decisión había quedado firme en tribunales inferiores. Los recortes habían sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk antes de su ruidosa salida del gobierno de Trump
La Corte dijo en una orden no firmada que no había recortes específicos frente a los jueces, solo una orden ejecutiva emitida por Trump y una directiva de la administración para que las agencias emprendieran reducciones de empleos.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue el único voto disidente, acusando a sus colegas de un “entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
Trump ha dicho repetidamente que los votantes le dieron un mandato para rehacer el gobierno federal, y eligió a su aliado multimillonario Elon Musk para liderar la iniciativa a través de DOGE. Musk dejó su cargo hace poco.
Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han dejado sus empleos a través de programas de renuncia diferida o han sido puestos en licencia. No hay una cifra oficial para los recortes de empleo, pero al menos 75.000 tomaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.
Pamela Bondi, secretaria general de Justicia de Estados Unidos, celebró el fallo de la Corte. “Hoy, la Corte Suprema impidió que tribunales inferiores sin ley restringieran la autoridad del presidente Trump sobre el personal federal: otra victoria de la Corte Suprema gracias a los abogados del Departamento de Justicia”, manifestó en X.
Y añadió: “Ahora, las agencias federales pueden ser más eficientes que nunca”.
En mayo, la jueza federal Susan Illston determinó que la administración de Trump necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la fuerza laboral federal. Por una votación de 2-1, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito se negó a bloquear la orden de Illston, encontrando que la reducción podría tener efectos más amplios, incluyendo en el sistema de seguridad alimentaria del país y en la atención médica para veteranos.
Illston ordenó a numerosas agencias federales detener la ejecución de la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada por el presidente en febrero y un memorando posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Illston fue nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton.
Los sindicatos laborales y grupos sin fines de lucro que apelaron la reducción ofrecieron a los jueces varios ejemplos de lo que sucedería si la medida entraba en vigor, incluyendo recortes del 40% al 50% en varias agencias.
Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.