Camboya aprueba una ley para revocar la ciudadanía de personas condenadas por traición

El Parlamento de Camboya aprobó el lunes una ley que permitirá despojar de la ciudadanía a las personas condenadas por traición, una nueva medida que surge en medio de una represión sostenida contra los opositores del gobernante Partido Popular Camboyano (CPP). La ley, aprobada por 120 de los 125 miembros de la Asamblea Nacional dominada por el CPP, permitirá al Estado revocar la ciudadanía de cualquier persona condenada por conspirar con países extranjeros o por tramar contra los intereses de Camboya.

Muchas figuras políticas prominentes han huido del país para evitar ser arrestadas, en medio de los esfuerzos intensificados por sofocar a la oposición del CPP tras la prohibición del Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) por parte del Tribunal Supremo en 2017, antes de las elecciones del año siguiente. Desde entonces, Camboya ha llevado a cabo juicios masivos que involucran a más de 100 figuras opositoras, muchas de ellas condenadas en ausencia por cargos de traición e incitación. Activistas y países occidentales, incluidos Estados Unidos, han condenado ampliamente al CPP por su represión contra los restos de la oposición, lo que ha asegurado que las dos últimas elecciones fueran prácticamente carreras de un solo caballo.

El gobierno niega estar atacando a los opositores y afirma que los condenados a prisión eran infractores de la ley. Entre los disidentes notables en el exilio se encuentran los cofundadores del ya desaparecido CNRP: Sam Rainsy, quien vive en Francia desde 2016, y Mu Sochua, actualmente en Estados Unidos. El influyente ex primer ministro y presidente del CPP, Hun Sen, dijo a finales de junio que Camboya necesitaba tomar medidas contra los ciudadanos que «se alinean con naciones extranjeras». Rainsy, quien ya tiene prohibido entrar a Camboya, ha sido durante mucho tiempo el crítico más feroz de Hun Sen. Lo ha acusado de manejar mal una disputa fronteriza con Tailandia que derivó en un conflicto armado el mes pasado, además de alegar corrupción en el ejército y un encubrimiento gubernamental de muertes civiles, lo cual ambos han negado.