Acceso a la Justicia denuncia cierre sin argumentos del caso electoral de julio por la Sala Constitucional del TSJ

La ONG venezolana Acceso a la Justicia ha alertado sobre una nueva actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, mediante las sentencias n.º 211 y 212, ha cerrado sin justificación suficiente el caso electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio. Estas decisiones del máximo tribunal han sido objeto de críticas al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de revisión presentados por los excandidatos Enrique Márquez y Antonio Ecarri contra el fallo de la Sala Electoral, que dio por válidos los resultados de la elección anunciados en la madrugada del 29 de julio.

Según explicó Acceso a la Justicia, los recursos extraordinarios de revisión constituyen la última instancia procesal disponible para cualquier ciudadano en Venezuela. Previsto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, este recurso busca proteger la supremacía, integridad y uniformidad en la interpretación y aplicación de la Carta Magna, así como de los criterios vinculantes de la propia Sala Constitucional.

Sin embargo, la organización enfatizó que en los últimos veinte años la Sala Constitucional ha expandido sus competencias más allá del propósito original de la figura. “La Sala ha ido arrogándose la potestad de revisar y dejar sin efecto no solo decisiones de amparo, sino también sentencias de cualquier instancia judicial, incluso del propio TSJ en pleno”, expresó Acceso a la Justicia. Este poder de revisión ampliado fue formalizado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), en su artículo 25, con el reconocimiento de la Asamblea Nacional.

Para Acceso a la Justicia, la negativa a revisar el fallo electoral de julio representa una vulneración de los derechos de los candidatos y del proceso democrático en Venezuela. “El TSJ, al impedir la revisión de este fallo, consolida la validez de un proceso electoral que fue certificado de manera apresurada por las autoridades electorales sin posibilidad de debate judicial en instancias superiores”, afirmó la organización.

Este nuevo fallo refleja, según expertos en derecho constitucional, la crisis de independencia del sistema de justicia en Venezuela, donde el TSJ, a través de la Sala Constitucional, ha sido criticado en reiteradas ocasiones por restringir los mecanismos judiciales de revisión y tutela de derechos fundamentales. La comunidad internacional, por su parte, sigue de cerca este proceso, considerando que el papel del TSJ es determinante en la preservación del Estado de derecho y la democracia en el país.