Entre 3,5 y 5,5 millones de venezolanos aptos para votar viven fuera del país, de un electorado total de 21 millones de personas, según expertos electorales y activistas opositores.
En los consulados venezolanos de varios países, cientos de ciudadanos esperan día tras día en largas filas, enfrentando demoras inexplicables, instrucciones confusas y requisitos inesperados de funcionarios lentos, según testimonios de venezolanos entrevistados en Argentina, Chile, Colombia y España.
Los expertos electorales afirmaron que en algunos casos, el gobierno venezolano está aplicando estrictamente las normas existentes para dificultar las inscripciones.
La táctica más común, dijeron, es el uso de una ley que exige a los ciudadanos en el extranjero poseer “residencia” o “legalidad de permanencia” en el país en el que viven para poder ser elegibles para votar. En el ciclo electoral actual, esa norma se ha utilizado para rechazar muchas formas de identificación, incluidas visas, que habían sido aceptadas en el pasado.
En Colombia, alrededor de dos millones de venezolanos están bajo la figura del estatuto temporal de protección, el cual forma parte de un esfuerzo histórico por parte del gobierno colombiano para legalizar a casi todos los venezolanos en el país. Sin embargo, Venezuela no acepta ese estatuto como una prueba de residencia.
A los venezolanos en Uruguay, el gobierno venezolano les exige una tarjeta de identificación uruguaya de cuatro años, aun cuando Uruguay no emite este tipo de identificación a residentes legales extranjeros con una validez superior a tres años.
Estas elecciones podrían ser decisivas para determinar el futuro de la democracia en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que ha visto a casi ocho millones de personas, alrededor de un cuarto de su población, salir del país en medio de una economía en ruinas y años de gobierno totalitario.
El gobierno accedió a celebrar elecciones libres y justas bajo la presión de Estados Unidos, y a cambio de una flexibilización de las duras sanciones estadounidenses. Pero el gobierno de Maduro, afirman los críticos, ha puesto obstáculos a cada paso para tratar de impedir una votación confiable.
Según las leyes venezolanas, los ciudadanos en el exterior deberían poder inscribirse en cualquier momento del año en cualquier embajada o consulado si tienen una cédula de identidad venezolana, incluso si está vencida.