Maduro se amparó en el III Convenio de Ginebra

El presidente Nicolás Maduro se amparó en el tercer Convenio de Ginebra al considerarse un prisionero de guerra, tras el secuestro sufrido junto a su esposa, Cilia Flores.

“Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos, soy prisionero de guerra y me apego a los convenios de Ginebra”, expresó en la audiencia de presentación de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Al asumirse como prisionero de guerra, invocó el tercer Convenio de Ginebra, adoptado en 1949, parte del derecho humanitario internacional. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, este estatus aplica únicamente en el caso de conflictos internacionales, tal como ocurrió con el bombardeo de Estados Unidos.

Aunque Donald Trump afirmó el lunes que EEUU no está en guerra con Venezuela, según la Cruz Roja, no necesariamente debe haber una guerra declarada, sino un conflicto armado internacional.

Además, Nicolás Maduro es presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Los prisioneros de guerra generalmente son miembros de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto que han caído en manos de la parte adversaria”, dice el convenio.
A su vez, establece derechos aplicables a los prisioneros de guerra, como el trato humanitario en toda circunstancia.

“Están protegidos contra todo acto de violencia o de intimidación, así como contra los insultos y la curiosidad pública”, indica.

Refiere condiciones mínimas aceptables para los detenidos, así como aspectos relativos al alojamiento, ropa, alimentos, higiene y asistencia médica. Los convenios de Ginebra indican que un prisionero de guerra debe ser liberado y repatriado sin demora tras el fin de las hostilidades, cosa que no ha pasado con Maduro.

El derecho humanitario internacional también protege a otras personas privadas de libertad como consecuencia de un conflicto armado. La próxima audiencia quedó para el 17 de marzo y el juicio podría tardar hasta un año.