Irán ha ejecutado a 840 personas en lo que va de año, con un «impacto desproporcionado» sobre minorías étnicas e inmigrantes

Naciones Unidas ha acusado este viernes a Irán de usar la pena de muerte como «una herramienta de intimidación estatal» tras la ejecución de más de 840 personas en lo que va de año, incluidas 110 personas durante el mes de julio, con un impacto «desproporcionado» sobre «minorías étnicas y migrantes».

«Las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año y hasta el 28 de agosto de 2025, según las informaciones recopiladas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ignorando múltiples llamamientos a unirse al movimiento mundial hacia la abolición de la pena de muerte», ha dicho la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

Así, ha resaltado que la cifra de ajusticiamientos en julio «representa más del doble de las personas ejecutadas en julio de 2024» y ha agregado que esto «llega después de un gran aumento de las ejecuciones durante la primera mitad de 2025», lo que enmarca en «un patrón sistemático de uso de la pena de muerte como una herramienta de intimidación estatal».

Shamdasani ha subrayado que en estos momentos hay en el corredor de la muerte once personas, entre ellas seis acusadas de «rebelión armada» por presunta pertenencia a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI) y cinco por participar en las protestas de 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

«La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Crea un riesgo inaceptable de ejecución de personas inocentes», ha dicho, al tiempo que ha defendido que esta condena «nunca debe imponerse por conductas protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

«Pedimos al Gobierno de Irán que no aplique la pena de muerte a estas u otras personas en el corredor de la muerte», ha señalado Shamdasani, quien ha reiterado el llamamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, a favor de que Irán «imponga una moratoria sobre la aplicación de la pena capital como paso hacia su abolición».