De la prohibición al auge

La historia de las criptomonedas en Bolivia es un relato que resuena con fuerza en toda América Latina. No hablamos solo de un caso particular, sino de un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales, a menudo tomadas desde una torre de marfil, chocan de frente con la cruda realidad del comportamiento humano y las dinámicas del mercado. La prohibición total de las criptomonedas que Bolivia implementó no es una excepción a esta regla; es, de hecho, un claro ejemplo de cómo la falta de sabiduría y una visión limitada pueden llevar a resultados contraproducentes.

El argumento es sencillo y se basa en una premisa fundamental de la existencia: si las personas tienen una necesidad y existen los incentivos para satisfacerla, buscarán la manera de hacerlo. Esto es válido incluso si implica evadir una ley. No se trata de justificar la ilegalidad, ni mucho menos. La cuestión es que las leyes extremas, ya sea una prohibición absoluta o la ausencia total de cualquier marco regulatorio, rara vez son el producto de un debate profundo y una consulta genuina con las partes involucradas. Más bien, suelen ser el resultado de un “dedazo” autoritario, de la imposición de una visión que carece de representatividad y, por ende, de efectividad práctica.

América Latina, por desgracia, es un terreno fértil para este tipo de errores. Nuestros políticos, a veces, parecen más interesados en redactar leyes que se asemejan a novelas utópicas de ciencia ficción, ancladas en su imaginación, que en la realidad tangible. Es por eso que, con preocupante frecuencia, estas leyes simplemente no funcionan. Caen en saco roto o, peor aún, empujan las actividades hacia la clandestinidad, donde el control es casi nulo y los riesgos se multiplican.

El debate real no debería ser entre una prohibición draconiana o una permisividad total. Ambos extremos son irresponsables. Lo que se necesita es construir una regulación adecuada, un marco que, ante todo, proteja a los usuarios de los posibles abusos y estafas, y que al mismo tiempo fomente la innovación sin asfixiarla. Una regulación que reconozca la existencia y el potencial de estas tecnologías en pro del bien común.

Es casi una ley de la física social: si se prohíbe algo con alta demanda, la reacción natural no es su desaparición, sino su auge en la sombra. Esto es precisamente lo que hemos visto con las criptomonedas en Bolivia. Lejos de extinguir el interés, la prohibición actuó como un catalizador inesperado, empujando a la comunidad a operar de forma más discreta, pero no menos activa. La necesidad de transacciones más rápidas, baratas y accesibles, especialmente en economías con controles de capital o inflación, es un incentivo demasiado poderoso para ser ignorado por un decreto. No debería sorprendernos, entonces, que tras la prohibición haya surgido un auge; es una consecuencia casi predecible de la resistencia humana a las imposiciones que no comprenden o que no satisfacen sus necesidades.

Pero este auge, si bien demuestra la resiliencia del ecosistema cripto, también presenta desafíos. Operar en la clandestinidad aumenta los riesgos para los usuarios y dificulta el desarrollo de un ecosistema maduro y seguro. Aquí es donde entra en juego la organización de la comunidad. No me refiero a una organización controlada por unas pocas empresas grandes o lobistas de élite. Hablo de una organización de base amplia, diversa y representativa que incluya a empresarios, desarrolladores, usuarios cotidianos e incluso académicos.

Esta organización debe tener la capacidad de sentarse a la mesa con el gobierno. Su propósito no es desafiar la autoridad por el mero hecho de hacerlo, sino articular las aspiraciones y necesidades de la comunidad cripto de manera constructiva. Se trata de construir un futuro juntos, donde las leyes se basen en la realidad y no en la fantasía. Un futuro donde la innovación no sea vista como una amenaza, sino como una herramienta para el progreso económico y social.

El objetivo es claro: colaborar para diseñar una regulación que sea flexible, adaptable y que entienda la naturaleza evolutiva de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Una regulación que no sea un obstáculo, sino un facilitador para que Bolivia y otros países de la región puedan aprovechar los beneficios de este sector emergente, al mismo tiempo que se establecen mecanismos robustos para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la protección al consumidor.

El auge post-prohibición es un hecho. Ahora, el verdadero trabajo comienza: construir puentes de diálogo y elaborar un marco normativo que no ignore la realidad ni la naturaleza humana, sino que las abrace para forjar un futuro financiero más inclusivo y seguro para todos. ¿Podrá Bolivia transitar este camino de la prohibición a la regulación inteligente, o seguirá anclada en un pasado de errores repetidos? Solo el tiempo lo dirá, pero la oportunidad está ahí.

La experiencia boliviana con la prohibición cripto ilustra cómo las decisiones unilaterales, ajenas a las necesidades del ciudadano, suelen generar efectos contrarios. Al ignorar que las personas siempre buscarán satisfacer sus necesidades, incluso si esto implica evadir la ley, las prohibiciones absolutas impulsan el mercado hacia la clandestinidad, aumentando riesgos y dificultando el control. América Latina, con su historial de leyes utópicas y desconectadas de la realidad, evidencia la ineficacia de tales extremos. El verdadero desafío no radica en la prohibición o la permisividad, sino en construir una regulación inteligente que proteja al usuario, prevenga abusos y fomente la innovación de manera responsable.

El auge de las criptomonedas tras la prohibición en Bolivia no sorprende; es la respuesta predecible de un mercado que encuentra valor en la inmediatez y accesibilidad de estas transacciones. Sin embargo, este crecimiento subterráneo subraya la urgencia de que la comunidad cripto se organice, no para desafiar al gobierno, sino para articular sus aspiraciones y sentarse a la mesa de diálogo. El objetivo es co-crear un marco normativo que sea flexible y adaptable, reconociendo la naturaleza evolutiva de la tecnología blockchain. Esto permitiría a Bolivia aprovechar los beneficios del sector, a la vez que establece mecanismos sólidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La disyuntiva no es entre prohibición y caos, sino entre una regulación inteligente que impulse el bien común o la persistencia en errores pasados.

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