EE. UU. acusa a 27 presuntos miembros del Tren de Aragua por crimen organizado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos este lunes contra 27 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional surgida en Venezuela, a quienes se les acusa de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico de drogas, robos, prostitución forzada y otros delitos graves.

Según el comunicado oficial, 21 de los imputados ya están bajo custodia federal, cinco fueron arrestados en redadas recientes realizadas en Nueva York y zonas cercanas, y seis más siguen siendo buscados por las autoridades.

La fiscal estadounidense Pamela Bondi calificó al Tren de Aragua como “una organización terrorista altamente estructurada que ha destruido familias estadounidenses con violencia brutal”, asegurando que los arrestos asestan un golpe directo a su presencia en la región.

Operaciones en varios estados y acusaciones graves

El fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky, detalló que los presuntos miembros de la banda enfrentan cargos por homicidios, tiroteos, tráfico de drogas —incluido el llamado tusi, una sustancia en polvo rosado—, extorsión a pequeños negocios y prostitución forzada de mujeres jóvenes venezolanas.

Entre los acusados figuran nombres como Jarwin Valero Calderón, alias “La Fama”; Samuel González Castro, conocido como “Klei”; y Armando José Pérez González, alias “Biblia”, junto a otros sujetos de entre 20 y 30 años de edad.

Contexto político y migratorio

La ofensiva judicial se enmarca en la política de “mano dura” del expresidente Donald Trump, quien ha catalogado al Tren de Aragua como una “organización terrorista” y ha utilizado sus actividades para justificar su discurso contra los inmigrantes venezolanos.

Este mismo lunes, Trump criticó a la Corte Suprema por impedirle deportar inmigrantes utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, luego de que el alto tribunal paralizara la expulsión de 50 venezolanos detenidos en Texas.

La medida judicial ha generado polémica, pues organizaciones civiles advierten sobre la criminalización de comunidades migrantes sin pruebas concluyentes.